El Colegio de Abogados de Tamaulipas prepara una iniciativa de reforma para combatir el uso indebido de las redes sociales en la difusión de acusaciones falsas y señalamientos que pueden dañar la reputación de las personas, adelantó su presidente, José Isabel Luna Chávez.
El abogado litigante señaló que existe preocupación por la proliferación de publicaciones en las que se acusa públicamente a personas de delitos como violación, abuso sexual o violencia familiar, sin que necesariamente se conozcan las pruebas o los avances de las investigaciones ministeriales.
Explicó que algunas de estas acusaciones se difunden mediante perfiles falsos y se amplifican con el respaldo de colectivos, lo que puede generar presión social sobre las autoridades y convertir las plataformas digitales en espacios de condena pública anticipada.
Ante esta situación, indicó que el organismo jurídico trabaja en una propuesta que buscaría establecer mecanismos más eficaces para atender publicaciones presuntamente falsas o difamatorias, así como agilizar su revisión por parte de las plataformas digitales.
Luna Chávez precisó que la iniciativa podría presentarse ante el Congreso de Tamaulipas y, de ser necesario, promoverse también con legisladores federales, dependiendo del alcance de las reformas que se planteen.
El presidente del Colegio de Abogados aclaró que la intención no es impedir que las víctimas denuncien ni frenar las manifestaciones ciudadanas para exigir justicia, sino evitar que las redes sociales sean utilizadas para desacreditar a personas o presionar a jueces fuera de los procedimientos legales.
Asimismo, consideró necesario fortalecer las capacidades de la Fiscalía mediante una mayor participación de especialistas en psicología forense, a fin de contribuir al esclarecimiento de los hechos y garantizar investigaciones profesionales, sin prejuzgar sobre la responsabilidad de las personas involucradas.
Reconoció que la violencia familiar y los delitos sexuales representan problemas reales que deben atenderse, pero advirtió que las denuncias falsas también pueden perjudicar a quienes sí han sufrido una agresión, al generar desconfianza y confusión en torno a estos casos.
Sostuvo que la propuesta deberá construirse con cuidado y participación de especialistas para encontrar un equilibrio entre el derecho a denunciar, la libertad de expresión y la protección de los derechos de las personas frente a acusaciones difundidas sin sustento.
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