#Opinion
Por.- Alberto Dávila
En México, la salud pública se ha convertido en una de las grandes contradicciones del discurso político. Mientras desde los escritorios se presume la transformación del sistema sanitario, en los hospitales del IMSS, IMSS-Bienestar, ISSSTE, PEMEX y los centros de salud de todo el país, pacientes y trabajadores enfrentan una realidad que no se resuelve con conferencias ni declaraciones: faltan medicamentos, escasean los insumos y, en demasiadas ocasiones, no existen las condiciones mínimas para brindar una atención digna. La pregunta es inevitable: ¿de veras estamos como Dinamarca o solamente nos quieren vender esa imagen?
El problema no termina en una receta que el paciente debe surtir por su cuenta. También están los médicos, enfermeras, camilleros y demás trabajadores que, ante la falta de herramientas, materiales y equipo básico, terminan poniendo dinero de su bolsillo para sacar adelante sus jornadas. Es decir, el Estado no garantiza plenamente los recursos para trabajar, pero el personal de salud hace lo posible por no dejar desprotegida a la población. Eso no es eficiencia administrativa; es trasladar las deficiencias institucionales a quienes menos deberían cargar con ellas.
En el IMSS y el ISSSTE, instituciones que durante décadas han sido fundamentales para millones de familias, las quejas por la atención y el abasto siguen golpeando la confianza de los derechohabientes. En IMSS-Bienestar, el reto de ofrecer servicios a quienes no cuentan con seguridad social exige presupuesto suficiente, organización y capacidad operativa. Y en PEMEX, donde la atención médica forma parte de las prestaciones de sus trabajadores y sus familias, también existe una enorme responsabilidad institucional. Cambiar nombres, estructuras o logotipos no sirve de mucho si el paciente sigue saliendo con una receta sin surtir.
Aquí es donde la discusión deja de ser administrativa y se vuelve política. Porque cada medicamento que no llega, cada insumo que falta y cada equipo que no funciona obliga a preguntar quién planeó, quién compró, quién distribuyó y quién supervisó. No basta con culpar al pasado ni con señalar a los gobiernos anteriores como explicación permanente. Quien gobierna tiene la obligación de responder por el presente. Y si los recursos públicos son limitados, corresponde explicar con claridad cómo se utilizan, dónde están las prioridades y por qué las necesidades más elementales siguen sin resolverse.
Lo más grave es que el costo de estas fallas no se mide únicamente en presupuestos o estadísticas, sino en la angustia de una madre que busca un medicamento para su hijo, en el paciente que debe comprar material que esperaba encontrar en el hospital y en el trabajador que enfrenta una jornada complicada sin contar con todo lo necesario. La salud no puede depender de la capacidad económica de cada familia ni de la buena voluntad de quienes trabajan en los hospitales. Tampoco puede sostenerse indefinidamente a costa del sacrificio personal del personal sanitario. La vocación ayuda, pero no sustituye al presupuesto, la planeación ni la responsabilidad pública.
Por eso, ¿de veras estamos como Dinamarca? La pregunta ya no es una provocación, sino una exigencia de resultados. Un sistema de salud digno no se construye con propaganda ni con promesas, sino con medicamentos disponibles, instalaciones funcionales, personal suficiente, salarios justos y trabajadores que no tengan que comprar de su bolsillo las herramientas para cumplir con su deber. Si el discurso oficial habla de transformación, que la transformación se note en las farmacias hospitalarias, en los consultorios y en las salas de urgencias. Porque cuando la enfermedad llega, al ciudadano no le sirven los discursos: necesita atención, necesita medicamentos y necesita respuestas. Y de eso, hasta ahora, es de lo que más se exige cuentas.
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