Luego de los señalamientos realizados por el diputado local Claudio De Leija Hinojosa sobre posibles irregularidades en operaciones inmobiliarias en el sur de Tamaulipas, la Dirección de Asuntos Notariales confirmó que ya se aplicaron medidas contra algunas notarías.
El director de Asuntos Notariales, Claudio Díaz Castaño, informó que la dependencia detectó dos problemáticas: la escrituración de viviendas deshabitadas a favor de terceros y operaciones relacionadas con terrenos ganados al mar, principalmente en la zona de Playa Miramar.
De acuerdo con el funcionario, se dejó de entregar libros notariales a los fedatarios involucrados, lo que les impide realizar nuevas escrituras. Además, se instruyó al Registro Público de la Propiedad para no inscribir operaciones provenientes de dichas notarías ni otorgar avisos de prioridad.
Las medidas alcanzan a las notarías 39 y 230 de Tampico, la 5 de Tampico y la 99 de Ciudad Madero, según informó Díaz Castaño.
El funcionario reconoció que estas prácticas pueden afectar la seguridad jurídica y el patrimonio de los ciudadanos, por lo que aseguró que se mantiene una vigilancia permanente sobre la función notarial.
El caso se suma a un escenario de mayor revisión en Tamaulipas. Información difundida en agosto por el Supremo Tribunal de Justicia del Estado señala que alrededor de 12 notarios enfrentan denuncias relacionadas con presuntas modificaciones patrimoniales y transferencias de inmuebles sin autorización de sus propietarios, con casos ubicados principalmente en Reynosa, Tampico y Ciudad Madero.

A ello se agregan 41 quejas o investigaciones administrativas y 184 visitas de inspección realizadas a notarías activas, de acuerdo con información presentada ante el Congreso de Tamaulipas.
Sobre el conflicto de Playa Miramar, Díaz Castaño aseguró que se encuentra en un 98 por ciento de avance para su solución, quedando pendiente la formalización de una escritura para concluir la devolución de los terrenos a la Federación.
Con estas acciones, la autoridad estatal da seguimiento a los señalamientos planteados por De Leija y busca evitar que continúen operaciones que puedan poner en riesgo el patrimonio de los tamaulipecos.
