Las Comisiones Unidas de Estudios Legislativos Primera y de Justicia del Congreso de Tamaulipas avanzaron este lunes en el desechamiento de una iniciativa que buscaba crear un nuevo delito en el Código Penal estatal relacionado con el aborto o infanticidio por discriminación, bajo el argumento de proteger al producto de la concepción cuando la interrupción del embarazo ocurriera por motivos de sexo, discapacidad o síndromes genéticos como Down o Turner.
La propuesta legislativa planteaba adicionar un capítulo séptimo bis al Código Penal del Estado para establecer sanciones específicas tanto para la mujer embarazada como para quienes influyeran en la interrupción del embarazo bajo esas circunstancias. Sin embargo, la mayoría de las intervenciones durante la reunión se inclinaron por considerar la iniciativa improcedente debido a posibles contradicciones constitucionales y duplicidad jurídica.
Durante el análisis, legisladores señalaron que el marco penal vigente ya contempla las figuras del aborto, homicidio en razón de parentesco y sus respectivas sanciones, por lo que crear un nuevo tipo penal podría vulnerar principios de seguridad jurídica y derivar en un doble enjuiciamiento.
La diputada Eva Reyes sostuvo que la propuesta contraviene criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en acciones de inconstitucionalidad relacionadas con la criminalización del aborto, particularmente aquellas donde se reconoció que penalizar de manera absoluta la interrupción del embarazo vulnera derechos fundamentales como la autonomía reproductiva, la dignidad, el libre desarrollo de la personalidad y el acceso a la salud.
Además, se expuso que las sanciones contempladas —que podrían alcanzar hasta 18 años de prisión— resultarían desproporcionadas y contrarias a estándares internacionales de igualdad y no discriminación.
El debate dejó al descubierto nuevamente la profunda confrontación ideológica que persiste en el Congreso local sobre los derechos reproductivos y el alcance de la protección jurídica desde la concepción. Mientras legisladores afines a una interpretación garantista de derechos humanos defendieron la improcedencia del proyecto, voces conservadoras acusaron a la Suprema Corte y a organismos internacionales de debilitar la protección de la vida prenatal.
La diputada Emma del Rosario González Flores defendió la iniciativa argumentando que la Convención Americana sobre Derechos Humanos protege la vida desde la concepción y sostuvo que el Estado tiene la obligación de sancionar conductas discriminatorias que deriven en la privación de la vida del producto de la gestación por razones genéticas o de sexo.
No obstante, la postura mayoritaria dentro de las comisiones enfatizó que las entidades federativas carecen actualmente de margen constitucional para endurecer la regulación penal sobre la interrupción del embarazo, particularmente después de los criterios emitidos tanto por la Suprema Corte como por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El fondo del debate evidenció una tensión política constante: por un lado, sectores que buscan reforzar mecanismos penales bajo una visión de protección absoluta de la vida desde la concepción y, por otro, quienes consideran que ampliar la criminalización del aborto representa un retroceso en materia de derechos humanos y autonomía reproductiva.
Aunque la iniciativa aún deberá seguir el trámite legislativo correspondiente, el sentido de la votación en comisiones anticipa un escenario adverso para su aprobación definitiva.
La discusión también exhibe cómo el Congreso de Tamaulipas continúa siendo un espacio donde temas vinculados con género, derechos reproductivos y autonomía corporal generan divisiones políticas profundas, particularmente en un contexto nacional donde las resoluciones judiciales han ido desplazando gradualmente las posturas más restrictivas sobre el aborto.
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El Congreso de Tamaulipas avanzó en el desechamiento de una iniciativa que pretendía crear un nuevo delito por aborto o infanticidio “por discriminación”, cuando la interrupción del embarazo ocurriera por razones de sexo, discapacidad o síndromes genéticos.
Durante el debate en comisiones, legisladores argumentaron que la propuesta duplicaba delitos ya existentes y contravenía criterios de la Suprema Corte y organismos internacionales sobre autonomía reproductiva y derechos humanos.
El tema volvió a exhibir la fuerte división ideológica dentro del Congreso local entre sectores conservadores y quienes defienden una perspectiva garantista de derechos reproductivos.
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