El alcalde Erasmo González Robledo, señaló que es un avance significativo, pero con resistencia.
Desde el inicio de este 2026, la administración local inició una campaña para dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley de Ingresos, la cual obliga al cobro de recolección a entes privados. Hasta el momento, el balance es positivo:
Se ha logrado un 75% de avance en el padrón de empresas.
Alrededor de 70 empresas no han actualizado su situación contractual.
Los pagos se están realizando bajo esquemas de estimación de tonelaje, ya sea de forma mensual o anual.
No obstante, un sector minoritario, que incluye sucursales bancarias y tiendas de conveniencia, ha mostrado resistencia a formalizar dichos acuerdos.
Se podría registrar la suspensión del servicio y prohibición de basura en vía pública
El Ayuntamiento fue enfático: de no concretarse los convenios en el lapso de tres días, el servicio de recolección dejará de prestarse a estos establecimientos.
«El servicio público es para las familias, no para las empresas privadas. Si no logramos estos convenios, ellos deberán contratar a un tercero o una empresa privada para la disposición de sus desechos», dijo.
Asimismo, se lanzó una advertencia estricta contra la mala práctica de dejar residuos en la vía pública simulando que se trata de basura doméstica. El municipio informó que vigilará que los locales no saquen sus desechos a las banquetas tras la suspensión del servicio, ya que esto representa una infracción a los reglamentos de limpieza urbana.
El objetivo de esta regularización es eficientar los recursos humanos y materiales de la ciudad para garantizar que la atención a las colonias y domicilios particulares sea de calidad. Con los ingresos provenientes del sector empresarial, se busca reinvertir en la logística de recolección que demanda la ciudadanía.
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