A raíz de la indignación social generada por el caso de Ezequiel, ocurrido en la colonia Morelos de Tampico, la diputada local Lucero Deosdady Martínez López presentó ante el Pleno Legislativo una iniciativa para reformar el Código Penal del Estado y sancionar con mayor severidad a quienes abandonen a las víctimas tras un accidente de tránsito.
Durante la sesión pública ordinaria, la legisladora destacó que esta propuesta responde a una exigencia ciudadana clara, evitar que hechos como este queden impunes y garantizar justicia para las víctimas y sus familias.
La iniciativa plantea establecer como agravante específica la huida del lugar de los hechos en delitos derivados del tránsito de vehículos, lo que permitiría incrementar hasta en una mitad las penas cuando el responsable se sustraiga de la acción de la justicia. Asimismo, contempla la cancelación definitiva de la licencia de conducir y sanciones para quienes no brinden auxilio, aun cuando puedan hacerlo sin poner en riesgo su integridad.
En su exposición de motivos, la diputada subrayó que los accidentes viales representan una problemática de alto impacto en Tamaulipas, particularmente en zonas urbanas, donde la falta de responsabilidad posterior al hecho agrava las consecuencias para las víctimas.
En este sentido, hizo referencia al caso registrado en la colonia Morelos, donde la pérdida de una vida humana se vio agravada por la huida del presunto responsable, evidenciando la necesidad de fortalecer el marco legal para inhibir este tipo de conductas.
“La fuga no solo constituye un acto de irresponsabilidad, sino una violación al deber de auxilio y un obstáculo directo para el acceso a la justicia”, expuso.
La propuesta se encuentra respaldada por datos oficiales que reflejan la magnitud de los accidentes de tránsito en el país, así como por modelos legislativos implementados en otras entidades y países donde el abandono del lugar del accidente es considerado un delito grave.
Asimismo, la reforma se alinea con principios constitucionales y compromisos internacionales en materia de derechos humanos, priorizando la protección del derecho a la vida, la integridad personal y el acceso a la justicia.
Finalmente, la legisladora enfatizó que esta iniciativa no busca criminalizar los accidentes fortuitos, sino sancionar con firmeza la conducta de quienes, tras provocar un daño, optan por evadir su responsabilidad, dejando en estado de vulnerabilidad a las víctimas.
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