*La propuesta busca garantizar atención psicológica, continuidad educativa, acompañamiento jurídico y acceso a programas sociales para hijas, hijos y personas dependientes de las víctimas.
La senadora de Morena, Olga Sosa Ruíz, presentó en el Senado de la República una Iniciativa con Proyecto de Decreto para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas y de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en materia de reconocimiento y protección integral de víctimas indirectas de feminicidio.
Su propuesta plantea establecer de manera expresa el reconocimiento automático de hijas, hijos y personas dependientes de las mujeres que han sido víctimas de feminicidio, a fin de asegurar medidas de atención y protección de manera inmediata, sin que sea necesario esperar una sentencia firme.
La senadora en la exposición de motivos señaló que esta iniciativa se sustenta en los principios establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, particularmente en su artículo 1°, que reconoce el principio pro-persona y la obligación del Estado de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos bajo los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Asimismo, el artículo 4° establece la protección de la familia y el interés superior de la niñez como ejes rectores de la actuación del Estado.
Enfatizó que el feminicidio, es una forma extrema de violencia contra las mujeres, no sólo vulnera el derecho a la vida de la víctima directa, sino que provoca consecuencias profundas en su entorno familiar, afectando el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes, su estabilidad emocional, educativa y material, dificultando la subsistencia y el desarrollo.
Aunque la Ley General de Víctimas reconoce como víctimas indirectas a familiares o personas a cargo de la víctima directa, en la práctica persisten vacíos normativos en los casos de feminicidio, especialmente cuando existen infancias dependientes de las mujeres asesinadas. Esta falta de disposiciones específicas ha generado respuestas institucionales asimétricas, problemáticas administrativas y escenarios de revictimización.
Por ello, la senadora Olga Sosa, propone garantizar medidas de protección integral que incluyan atención psicológica especializada, continuidad educativa, acompañamiento jurídico y acceso prioritario a programas sociales, esto con el objetivo de brindar condiciones que permitan restituir derechos y prevenir escenarios de abandono institucional.
Su proyecto legislativo también retoma criterios establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso González y otras (“Campo Algodonero”) vs. México, donde se determinó la responsabilidad internacional del Estado mexicano por la falta de prevención, investigación y sanción adecuada de feminicidios, así su obligación a reparar integralmente a las víctimas y a sus familiares.
De igual forma, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que las víctimas de violaciones graves a derechos humanos tienen derecho a la reparación integral del daño, la cual debe incluir medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y garantías de no repetición.
La iniciativa presentada por la senadora también plantea fortalecer la coordinación institucional mediante la vinculación con el Sistema Nacional de Atención a Víctimas, con el propósito de asegurar una respuesta articulada entre autoridades y garantizar la protección, asistencia y reparación integral de quienes resultan afectados por este delito.
Con esta reforma, se busca fortalecer el enfoque de género, materializar el principio del interés superior de la niñez y avanzar en la construcción de una política pública integral que contribuya a romper el ciclo de violencia, abandono y desprotección que con frecuencia enfrentan las familias de víctimas de feminicidio.
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