El Ayuntamiento de Tampico inició un proceso administrativo ante la Contraloría Municipal en contra de Carlos De la Rosa Durán, exsecretario de Desarrollo Urbano, por presuntas irregularidades en la entrega de licencias y permisos a negocios ubicados dentro de zonas residenciales. El exfuncionario cuenta con derecho de réplica para exponer su postura.
La medida se da luego de que vecinos de 10 colonias residenciales protestaran por la operación de establecimientos que, aseguran, violan el Plan de Ordenamiento Territorial.
Rogelio Ontiveros Arredondo, actual secretario de Obras Públicas, afirmó que varios de esos negocios no son recientes, pues tienen entre 5 y 8 años operando, lo que implica que su autorización se dio en administraciones anteriores.
Ontiveros Arredondo informó que existen 16 expedientes relacionados con licencias presuntamente mal otorgadas en la administración pasada.
“Hay un proceso en curso en la Contraloría; estamos en etapa de sustanciación y se está otorgando el derecho de réplica al funcionario anterior”, señaló.
Recordó que en la administración previa las áreas de Desarrollo Urbano y Obras Públicas operaban por separado.
El funcionario destacó que en la presente administración se han iniciado más de 50 procedimientos administrativos vinculados con uso de suelo y construcción.
Explicó que algunos desarrolladores solicitan permisos para un tipo de proyecto, pero terminan construyendo algo distinto, lo que obliga al municipio a mantener una vigilancia constante.
“Jugamos al gato y al ratón con ciudadanos o desarrolladores irresponsables. No hemos entregado ninguna licencia o uso de suelo mal otorgado”, aseguró.
Ontiveros Arredondo señaló que cuando se detectan licencias mal otorgadas o construcciones irregulares, los responsables suelen recurrir al amparo.
“Tenemos varios amparos de ciudadanos que construyeron con densidades o niveles no autorizados; procedimos a la clausura y se ampararon”, explicó.
El secretario añadió que se han identificado fraccionamientos que, pese a no ser privados, operan como tales e impiden el acceso; así como fraccionamientos públicos cuyos residentes exigen servicios que no corresponden al municipio debido a su estatus legal.
Ontiveros enfatizó que la administración reforzará la vigilancia en corredores urbanos de uso mixto, que desde hace años presentan afectaciones por actividades comerciales no reguladas.
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