Lo anterior después de haber escuchado a la totalidad de los testigos y peritos que desfilaron ante la presencia del Tribunal, quienes fueron contundentes en señalar que el sentenciado, Mario “N”, celebró de manera ilegal un convenio, cuando tenía calidad de servidor público.
En el caso se demostraron dos hipótesis, la primera en fecha 15 de enero del 2018, cuando el sentenciado Mario “N”, en su calidad de servidor público celebró un convenio de colaboración de pago de prima de seguro individual voluntario con cargo a nómina, con la Aseguradora Metlife, México S.A. de C.V., en la Ciudad de México, con efectos legales, en esta ciudad capital, en virtud de que, en dicho acto intervino Mario “N”, representando a la Secretaría de Educación del Estado de Tamaulipas con sede en Ciudad Victoria, Tamaulipas como subsecretario de Administración de la mencionada dependencia, conducta que desplegó sin que su cargo le facultara esa función, puesto que la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tamaulipas, dispone en su artículo 13 que al frente de cada dependencia habrá un titular quien ejercerá las funciones de su competencia, aunado a que la secretaría, suscribe convenios relacionados con el ramo educativo, tal como lo dispone el numeral 36 fracción XVI relacionado con la fracción V de la Ley en cita, por lo que, derivado de ello, durante el periodo que tuvo vigencia dicho convenio, es decir, del 15 de enero del 2018 al 30 de septiembre del 2022, se realizaron diversos depósitos y transferencias por parte del a cuenta de Metlife, México S.A. a diversa cuenta bancaría de Banco Santander (México) S.A., perteneciente a la Secretaría de Educación de Tamaulipas, lo cual asciende a la totalidad de $8,285,878.87 (ocho millones doscientos ochenta y cinco mil ochocientos setenta y ocho pesos con ochenta y siete centavos 87/100 m.n.) y no a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado; lo anterior por concepto de servicio de retención de primas a los trabajadores en su nómina equivalente al 1% de cada retención quincenal, cuyo monto, (en un segundo supuesto), fue distraído para efectuar pagos por distintos conceptos, entre los que se encuentran, transferencias al mismo sentenciado, sin haber sido regulados por la Secretaría de Finanzas del Estado de Tamaulipas, pues dicha dependencia es la facultada para regular los ingresos y asignar las partidas presupuestales del ejercicio anual.
Con este fallo, podría alcanzar entre ambos ilícitos una pena hasta de 20 años de prisión, lo cual se decidirá en la audiencia pública de reparación de daño e individualización de sanciones, programada para el 26 de agosto de 2025 a las 11:30 horas en la Sala “H”, del Centro Integral de Justicia en el Estado de Tamaulipas, encontrándose citadas las partes intervinientes.
About the Author
