NUEVO LAREDO, Tamaulipas, 14 de agosto de 2024 — En un fallo que resuena en todo Tamaulipas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha invalidado diversas disposiciones de 20 leyes de ingresos municipales del estado, incluyendo las del municipio de Nuevo Laredo, por violar principios constitucionales fundamentales.
La SCJN determinó que varias de estas leyes, aprobadas para el ejercicio fiscal de 2024, contravenían los principios de proporcionalidad y equidad tributaria, así como el derecho de reunión y la seguridad jurídica, en el caso de Nuevo Laredo, la ley que establecía el cobro por la expedición de permisos para la celebración de eventos sociales fue declarada inconstitucional.
Según la Corte, dicho cobro afectaba directamente el ejercicio del derecho de reunión, uno de los derechos fundamentales garantizados por la Constitución Mexicana.
Además de Nuevo Laredo, otros municipios como El Mante, Victoria, y Río Bravo también fueron objeto de revisión. En el caso específico de Nuevo Laredo y El Mante, la Corte señaló que los cobros por la emisión de permisos para eventos sociales no guardaban relación con los costos reales de emitir dichos permisos, lo que generaba una desproporción injustificable y, por ende, una violación del principio de proporcionalidad tributaria.
El municipio de Nuevo Laredo, una ciudad clave en la frontera norte de México y un motor económico de la región, ha sido llamado a revisar y corregir sus ordenamientos fiscales para alinearse con las disposiciones constitucionales. La resolución del máximo tribunal subraya la necesidad de que los gobiernos locales respeten los derechos fundamentales de los ciudadanos al diseñar sus políticas fiscales.
Este fallo no solo obliga a los municipios involucrados a modificar sus leyes de ingresos, sino que también envía un mensaje contundente a las administraciones locales en todo el país sobre la importancia de garantizar que las leyes tributarias sean justas, equitativas y respetuosas de los derechos constitucionales.
La decisión de la SCJN es un recordatorio de que, aunque los municipios tienen la autonomía para generar ingresos a través de impuestos y derechos, estos deben ser aplicados con apego a los principios de proporcionalidad y equidad, sin menoscabar los derechos de los ciudadanos. El Congreso del Estado de Tamaulipas ha sido exhortado a evitar la repetición de estos vicios en futuras legislaciones, asegurando que se mantenga un balance adecuado entre la recaudación fiscal y el respeto a los derechos fundamentales.
