El día de ayer, la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión aprobó por una mayoría de 259 votos, la adición de un segundo párrafo al artículo 224 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
El dictamen, elaborado por la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, fue presentado ante el Pleno por su presidente, el Diputado Erasmo González Robledo.
En su discurso, el Diputado González Robledo destacó la importancia de mantener un equilibrio entre los tres Poderes del Estado y asegurar que cada uno cumpla con sus funciones de manera profesional y eficiente, siempre velando por el bienestar de la población y el uso racional de los recursos públicos.
González Robledo subrayó que una gestión administrativa adecuada implica que el uso de fideicomisos públicos sea la excepción y no la regla, ya que esto podría dificultar la rendición de cuentas y socavar la función de control parlamentario, facultad exclusiva de la Cámara de Diputados.
La transparencia y la rendición de cuentas son fundamentales para una democracia saludable, y la discrecionalidad en la gestión de fideicomisos públicos va en detrimento de estos valores fundamentales.
En este sentido, la reforma establece que dentro del Poder Judicial Federal, no puedan crearse ni mantenerse fondos o fideicomisos adicionales a los contemplados por la propia Ley, como es el caso del Fondo para la Administración de Justicia.
El Diputado González Robledo también destacó que este proyecto de Decreto no tendría un impacto presupuestario para el erario federal. Además, no se advierte una vulneración a derechos básicos derivados de una relación laboral, en tanto que los recursos destinados a cubrir estos derechos se encuentran previstos por Ley y no mediante un fondo o fideicomiso.
Finalmente, el Diputado González Robledo enfatizó que esta modificación es un paso importante hacia una gestión más responsable y eficiente de los recursos públicos y no afectará la independencia judicial, elemento crucial de un Estado Constitucional de Derecho.
La reforma legal, que aún debe ser aprobada por el Senado de la República, representa un esfuerzo continuo por parte del Poder Legislativo para fortalecer la administración de recursos públicos en México y promover la transparencia en beneficio de la sociedad.
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