David Ed Castellanos Terán
@dect1608
Todo y nada es lo mismo cuando 86 mil personas permanecen en prisión sin haber recibido una sentencia, y sabe, no estamos hablando de culpables, tampoco de inocentes. Les digo, son humanos cuyo proceso judicial sigue abierto y la única certeza es que el tiempo tras las rejas continúa corriendo; soles y lunas viajan sobre de ellos sin detenerse y los muros del centro penitenciario se humedecen con las lluvias al tiempo que estas personas envejecen.
Es contundente el dato. Lo visibilizó el INEGI en su Censo Nacional del Sistema Penitenciario 2025, y para variar, de las 236 mil 773 personas privadas de la libertad, 36.3 por ciento continúa sin una resolución definitiva. En los penales estatales la cifra incluso rebasa el 37 por ciento.
Perdón, pero tenía que exponerle en números, aunque este país tan lindo suele acostumbrarse demasiado rápido a las estadísticas y sus propias anomalías, esas en formato de ayuda animal, aquellas envueltas en discursos de honestidad mientras miles de expedientes avanzan —por decirlo de alguna manera— con una lentitud desesperante, convertidos en montañas de papel que muchas veces nunca ven la luz fuera del cajón para juzgar al encarcelado.
Precisamente por eso la diputada federal tamaulipeca Blanca Araceli Narro Panameño propone algo infinitamente elemental: que una persona privada de la libertad pueda recibir copia de su expediente, previamente autorizada por un juez, directamente dentro del centro penitenciario.
No habla de beneficios penitenciarios. No reduce penas. No modifica tipos penales.
Propone
Porque el derecho de defensa comienza por conocer aquello de lo que uno debe defenderse.
Resulta difícil hablar de debido proceso cuando el acceso al propio expediente depende de trámites, traslados, autorizaciones administrativas o de la disponibilidad de un abogado para acudir personalmente a un juzgado.
La iniciativa coloca el debate donde realmente debe estar: en la eficacia de las garantías constitucionales. Los artículos 17 y 20 de la Constitución no distinguen entre quien enfrenta un proceso desde su domicilio y quien lo hace desde una celda.
Los derechos humanos tampoco.
Una persona privada de la libertad pierde su movilidad.
No pierde su derecho a defenderse.
La propuesta plantea que sea la autoridad penitenciaria quien entregue materialmente las copias autorizadas por el juez.
Nada más. No invade funciones jurisdiccionales. No modifica resoluciones. No interpreta expedientes.
Simplemente elimina un obstáculo que hoy limita el acceso efectivo a la justicia.
Las democracias sólidas no se distinguen únicamente por encarcelar a quien delinque; sobresalen por la forma en que administran la justicia, incluso frente a quienes enfrentan las acusaciones más graves.
En la intimidad… Las ciudades también hablan. Lo hacen a través de sus calles. Por eso vale la pena mirar con atención lo que ocurre en Tampico.
Más de 4.5 millones de pesos comenzaron esta semana a transformarse en pavimento hidráulico, redes de agua potable, drenaje sanitario, banquetas y alumbrado público en dos colonias del norte del municipio.
La política suele enamorarse de las obras monumentales, aunque no le hace el feo a las fotografías bonitas; sin embargo, quienes llevan las administraciones inteligentes entienden otra cosa: que una tubería nueva cambia más vidas que una buena campaña publicitaria.
Con cerca de 40 frentes de obra abiertos y una inversión superior a 160 millones de pesos en infraestructura vial, la alcaldesa Mónica Villarreal Anaya maneja Tampico con una fórmula poco común en la política mexicana: convertir la presencia permanente en su principal activo de gobierno.
No gobierna únicamente desde el escritorio.
Gobierna caminando la ciudad.
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