En conferencia de prensa, acompañados por los abogados Tomás Jesús González Santiago y Dulce María Torres, explicaron que las unidades fueron adquiridas con recursos provenientes de su trabajo como pilotos de puerto y no como propiedad del Sindicato Nacional de Pilotos de Puerto, Delegación Tampico.
Los pilotos involucrados son Raúl Gómez Sarabia, propietario de un vehículo Toyota modelo 2025; Héctor Alonso, propietario de una camioneta Terrier; Justidiano Méndez, propietario de un vehículo Renault; Miguel Ángel Deanda, propietario de una camioneta GMC; y José Ramón, propietario de un Volkswagen Jetta modelo 2024. Dos de ellos poseían dos vehículos que fueron decomisados también.
De acuerdo con la explicación de la defensa, los pilotos, al ingresar a laborar, fueron afiliados al Sindicato Nacional de Pilotos de Puerto, el cual les solicitó firmar un poder para recibir directamente los pagos generados por los servicios de pilotaje. Posteriormente, el sindicato distribuía los recursos mediante pagos quincenales y un remanente trimestral.
Los abogados señalaron que el dinero administrado por el sindicato siempre correspondía al salario de cada piloto, por lo que, cuando alguno decidía adquirir un vehículo, solicitaba que el pago se realizara directamente a la agencia automotriz con recursos acumulados a su favor. Aunque inicialmente las facturas eran expedidas a nombre del sindicato, posteriormente eran endosadas o refacturadas simbólicamente a favor del trabajador.
La controversia surgió, afirmaron, cuando los cinco pilotos decidieron separarse del sindicato, ejerciendo su derecho constitucional de libre asociación, previsto en el artículo 9 de la Constitución. Según la defensa, tras su salida, la organización sindical comenzó a reclamar la propiedad de los vehículos y promovió acciones legales para recuperarlos.
Los representantes legales sostuvieron que el Ministerio Público obtuvo una orden de cateo argumentando que las unidades pertenecían al sindicato, al exhibir únicamente las facturas originales. Sin embargo, afirmaron que la factura por sí sola no acredita de manera absoluta la propiedad de un bien, criterio que, aseguraron, ha sido sostenido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Los afectados relataron que durante la ejecución de los cateos participaron elementos de la Secretaría de Marina y corporaciones policiacas, quienes ingresaron a sus domicilios con un importante despliegue de seguridad, situación que, aseguran, les ocasionó afectaciones patrimoniales, psicológicas, emocionales y a su reputación, al ser exhibidos públicamente como presuntos delincuentes.
Asimismo, negaron haber contado con órdenes de aprehensión y afirmaron que siempre han estado dispuestos a comparecer ante las autoridades para aclarar el conflicto.
Finalmente, los abogados informaron que además de las acciones civiles para reclamar los daños ocasionados, presentarán una denuncia penal por el presunto abuso de autoridad cometido durante la integración de la carpeta de investigación y la ejecución de los cateos, al considerar que se actuó con información incompleta respecto a la propiedad de los vehículos.
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