La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG) a cargo de Norma Angélica Pedraza Melo, concluyó la acción anual de Declaración de Situación Patrimonial y de Intereses 2026, en la modalidad de modificación. Gracias a una estrategia de difusión y al firme compromiso de la base trabajadora, la entidad finalizó con un total de 76 mil 802 declaraciones realizadas dentro del sistema estatal.
Esta cifra representa un 91.45 por ciento de cumplimiento por parte de las personas servidoras públicas, reafirmando la vocación del estado por la transparencia y la rendición de cuentas.
Pedraza Melo dijo que el logro es el resultado directo del esfuerzo coordinado entre las diversas dependencias y entidades en la administración pública estatal, las cuales operaron como facilitadoras esenciales del proceso. A través de la habilitación de módulos de orientación, asesorías digitales y canales de atención personalizada que consolidan una estructura pública unida bajo un mismo estándar de eficiencia.
“Este dato es al cierre del 31 de mayo de 2026 a las 11:59 de la noche. Si comparamos este resultado con el 31 de mayo de 2025, se había concretado el 82.12 por ciento de cumplimiento y hoy hemos logrado el 91.45 por ciento, se observa el fortalecimiento de la cultura de la legalidad en las personas servidoras públicas del poder ejecutivo. Es importante aprovechar el momento para que aquellas personas servidoras públicas, que por algún motivo de fuerza mayor no alcanzaron a realizar su declaración patrimonial y de intereses, lo hagan es muy importante, los exhorto a ello, porque siempre cuando un servidor público de manera espontánea corrige sus conductas, favorece los procesos de investigación administrativa”, aseguró Norma Angélica Pedraza Melo, secretaria Anticorrupción.
Finalmente, la secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno a nombre de la administración estatal, a cargo del gobernador Américo Villarreal Anaya expresa un reconocimiento a todo el personal que atendió puntualmente esta obligación antes del cierre del plazo legal. Con estas acciones, Tamaulipas no solo cumple de manera estricta con el marco jurídico vigente, sino que se posiciona a la vanguardia nacional en materia de control interno, integridad pública y combate a la opacidad en el ejercicio de las funciones estatales.
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