*_Es un paso firme hacia un campo más justo, donde las mujeres dejen de ser invisibles y se conviertan en protagonistas del desarrollo_.
Las Comisiones Unidas de Reforma Agraria, Para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos Primera aprobaron por unanimidad el dictamen que reforma diversas disposiciones de la Ley Agraria, con el objetivo de saldar una deuda histórica con las mujeres rurales e indígenas de México.
El dictamen integra las iniciativas presentadas por la senadora Olga Patricia Sosa Ruíz, de la senadora Susana Harp Iturribarría y del senador Moisés Ignacio Mier Velazco, en una propuesta que representa un avance sustantivo hacia el reconocimiento pleno de los derechos agrarios de las mujeres.
La senadora Olga Sosa destacó que esta reforma “no solo corrige el lenguaje de la ley, sino que corrige una omisión histórica que ha limitado el acceso de las mujeres a la tierra, a la propiedad y a la toma de decisiones en sus comunidades”.
Subrayó que, en México, aunque las mujeres participan de manera activa en la producción agrícola y en la sostenibilidad de las comunidades rurales, han enfrentado barreras estructurales para acceder a la titularidad de la tierra y a los órganos de gobierno agrario.
Hablar de justicia agraria hoy implica hablar de igualdad sustantiva. No puede haber desarrollo rural sin mujeres con derechos plenos, sin mujeres con acceso a la tierra y sin mujeres participando en las decisiones que transforman sus comunidades, afirmó.
Entre los avances más relevantes del dictamen destacan:
La incorporación de lenguaje incluyente en toda la Ley Agraria, reconociendo a las mujeres como sujetas plenas de derechos.
La protección de los derechos patrimoniales de cónyuges y concubinas en la enajenación de parcelas.
El establecimiento de mecanismos de compensación económica para las mujeres.
El fortalecimiento del programa “Mujeres por el Acceso a la Tierra” como política pública nacional.
La inclusión de la perspectiva de género en la titularidad, sucesión y participación en órganos ejidales.
La legisladora enfatizó que esta reforma armoniza la Ley Agraria con el artículo 4° constitucional y con compromisos internacionales como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), consolidando el compromiso del Estado mexicano con la igualdad.
Este dictamen es un paso firme hacia un campo más justo, donde las mujeres dejen de ser invisibles y se conviertan en protagonistas del desarrollo. Es momento de reconocer su trabajo, su aportación y su derecho a decidir sobre la tierra que trabajan, concluyó.
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