Autoridades municipales del sur de Tamaulipas analizan la creación de un proyecto conurbado para la atención integral de personas con padecimientos mentales que se encuentran en condición de calle, tema que fue abordado durante la reunión de la Mesa de Paz y Seguridad, celebrada en la Sala de Cabildo de Tampico.
El presidente municipal de Ciudad Madero, Erasmo González Robledo, informó que como parte de este esfuerzo intermunicipal, el próximo jueves 28 de enero se llevará a cabo una reunión con autoridades de salud en el Hospital Psiquiátrico, con el objetivo de fortalecer la coordinación institucional y definir el mejor esquema de atención para este sector vulnerable de la población.
El alcalde explicó que actualmente se tiene identificada la presencia de al menos cuatro personas en la zona centro de Ciudad Madero que presentan alguna condición mental y conductas que, si bien no son agresivas, sí generan afectaciones a la seguridad y convivencia, como casos de exhibicionismo.
Destacó que la intención no es aplicar medidas coercitivas, sino contar con un diagnóstico especializado por parte del Hospital Psiquiátrico, que permita establecer tratamientos adecuados y determinar de qué manera los municipios pueden apoyar de forma conjunta en la atención y seguimiento de estos casos.
González Robledo subrayó que este proyecto requerirá presupuesto y colaboración entre los municipios de la zona conurbada, por lo que la reunión del 28 de enero será un referente clave para avanzar en la toma de decisiones y sentar las bases de un programa regional.
En la sesión de la Mesa de Paz y Seguridad estuvo presente la presidenta municipal de Tampico, Mónica Villarreal Anaya, quien refrendó la disposición de su administración para sumarse a los trabajos coordinados que permitan brindar una atención digna y oportuna a las personas con problemas de salud mental en condición de calle.
Finalmente, el edil maderense enfatizó que el diagnóstico es fundamental antes de implementar cualquier acción, ya que toda política social requiere una evaluación previa que garantice su eficacia y respeto a los derechos humanos.
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