Uno de los principales señalamientos fue dirigido hacia el Centro de Convivencia Familiar Supervisada (Cecofam), cuya infraestructura y capacidad actual se encuentran rebasadas. Este centro, que tiene como función permitir que madres, padres e hijos mantengan un vínculo supervisado durante el proceso judicial, no cuenta con el espacio ni el personal suficiente para atender la demanda creciente, lo que afecta directamente el derecho de los menores a convivir con ambos progenitores.
Además, la asociación denunció que los jueces del área familiar no están aplicando criterios claros ni homogéneos para resolver los conflictos legales. Según explicaron, esto ha derivado en procesos excesivamente prolongados, con casos que acumulan retrasos de cuatro años o más sin resolución definitiva. Esta falta de uniformidad en la aplicación de la ley impide que las familias encuentren respuestas justas y oportunas.
“Los niños no deben ser rehenes de una justicia lenta ni de decisiones administrativas que perpetúan el sufrimiento de las familias. Necesitamos un sistema justo que piense primero en ellos”, señalaron durante su intervención.
Aunque los integrantes de No Más Hijos Rehenes reconocieron que, desde su última manifestación pública, se han observado algunos avances en la transparencia judicial, pero también criticaron que varios jueces en funciones dentro del mismo centro de justicia se hayan registrado como aspirantes a cargos de jueces o magistrados en las elecciones que se celebrarán el próximo 1 de junio. La asociación considera que esta situación podría generar conflictos de interés y distraer de la atención debida a los casos en curso.
Finalmente, reiteraron su exigencia a las autoridades estatales y del Poder Judicial para que se garantice un sistema legal más ágil, imparcial y enfocado en el bienestar de la infancia, dejando de lado intereses personales o políticos que afecten el desarrollo de los procesos.
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